El incremento de la pobreza urbana, la desigualdad y la aparición de nuevas formas de exclusión son procesos complejos que se convierten en nuevos retos para las políticas sociales y exigen su redefinición. Las llamadas políticas sociales son aquellas políticas públicas cuyo principal objetivo es crear condiciones de equidad social, y promover y garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos. Entre éstas se pueden mencionar las políticas de salud, educación, vivienda y recreación, que se dirigen al conjunto de la ciudadanía con criterios de universalidad porque son parte de la responsabilidad social del Estado. Las situaciones de pobreza extrema en América Latina han llevado a que se otorgue particular importancia a un determinado tipo de políticas sociales, las llamadas políticas de reducción o combate a la pobreza, que intentan sacar de la condición de pobreza absoluta a quienes aún no han podido acceder a los bienes y servicios básicos —alimentación, salud, educción—. Este tipo de políticas suelen ser focalizadas y se aplican a diferentes colectivos de ciudadanos de manera individual o grupal, incluyendo programas como el acceso a alimentos básicos, becas escolares, apoyos económicos a mujeres jefas de hogar, vacunación y control médico. Estas políticas de atención a la pobreza se dirigían tradicionalmente a los medios rurales, pero dado el marcado crecimiento de la pobreza en las ciudades se ha puesto en marcha una gran variedad de programas entre los cuales merecen particular atención las diferentes versiones nacionales del programa Hábitat, promovido por la ONU, así como los programas sociales impulsados por algunos gobiernos locales. Sin duda, el principal reto es trabajar en el diseño y la aplicación de políticas sociales urbanas innovadoras que puedan garantizar al conjunto de la ciudadanía el pleno ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.